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Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT)

By NOVEDADES

Nuestro último Conversatorio abordó el tema “Carta de Derechos del Contribuyente (propuesta aprobada para los Institutos Miembros del ILADT)” en el que tuvimos el privilegio de contar con el Profesor español César García Novoa, quien fue Presidente de la Comisión Redactora de dicho documento.  El texto definitivo de la referida Carta fue aprobado por unanimidad en la Asamblea del ILADT celebrada el 9 de noviembre de 2018, en el marco de las XXX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas en la ciudad de Montevideo.

Usted podrá acceder al texto del referido documento a través del siguiente enlace:

http://www.iladt.org/frontend/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT_aprobada_y_Presentacion.pdf

NUEVOS RETOS: APLICACIÓN DE LA NORMA XVI Y OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

By EVENTOS, FÓRUMS

Tuvimos el agrado de realizar el Fórum “NUEVOS RETOS: APLICACIÓN DE LA NORMA XVI Y OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL”, que se realizó en el Auditorio de la firma EY (Av. Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro), el día miércoles 10 de julio de 2019, en el horario de 15:45 a 20:30 horas, con el siguiente detalle:

EXPOSITORES Y TEMAS
Luis Hernández Berenguel – Hernández & Cía. Abogados

Socio fundador de Hernández & Cía. Abogados. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor Principal en la misma Universidad. Miembro de la Comisión nombrada por el Instituto Peruano de Derecho Tributario para la elaboración del Modelo de Código Tributario. Ha sido Presidente del mismo Instituto, de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano, del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y de la Asociación Internacional de Tributación y Derechos Humanos. Ha sido Profesor en la Universidad de Lima y en la Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN).

Tema: Aspecto temporal de la Norma XVI ¿norma retroactiva?

César Talledo Mazú – Estudio Talledo Abogados

Socio principal del Estudio Talledo Abogados y de la Editorial Economía y Finanzas. Graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Postgrado en Harvard Law School y egresado del International Tax Program de esa Universidad. Ha sido profesor contratado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. Es miembro de la Comisión nombrada por el Instituto Peruano de Derecho Tributario para la elaboración del Modelo de Código Tributario. Ha sido Presidente del mismo Instituto y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano.

Tema: Parámetros de fondo: Tipificación de conductas elusivas

María Eugenia Caller Ferreyros – EY

Socia de EY. Abogada por la Universidad de Lima, con estudios culminados de Maestría en Tributación y Política Fiscal en la misma universidad. Curso de Tratados Internacionales para evitar la Doble Imposición en el CIAT. Primer Programa de Fiscalidad Internacional de la SUNAT, sobre doctrina del Impuesto a la Renta, principios básicos de fiscalidad internacional y precios de transferencia. Ha sido Presidenta del Tribunal Fiscal y Gerente Jurídico de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ha prestado servicios de consultoría al Congreso de la República del Perú, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comunidad Andina de Naciones. Ha sido Presidenta de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano.

Tema: Parámetros de forma: Procedimiento garantista y comité revisor

Fernando Zuzunaga del Pino – Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados

Socio principal de Zuzunaga Assereto & Zegarra Abogados. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Investigación Jurídica por la misma Universidad. Tiene cursos de posgrado en Tributación Internacional por la International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), la Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), la Universidad Austral y la Universidad de Leiden. Ha sido Presidente del Comité de Asuntos Tributarios y Miembro del Directorio de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE). Ha sido Presidente del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT).

Tema: Nuevas obligaciones y responsabilidades de los directores y administradores

Camilo Maruy Nordlander – Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Socio de Rebaza, alcazar & De Las Casas. Abogado por la Universidad de Lima. Especialista en materias de tributación de inversiones, planeamiento tributario en temas relacionados a banca, M&A y proyectos financieros. Reconocido por diversas publicaciones internacionales dedicadas al análisis de servicios legales, tales como Chambers and Partners, Latin Lawyer, entre otros. Es Profesor de la Universidad del Pacífico. Fue elegido Presidente del Comité de Asuntos Tributarios de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Tema: Beneficiario final y responsabilidad solidaria: un enfoque práctico

Luis Felipe Bramont-Arias Torres – Bramont-Arias, Llontop y Asociados

Socio de Bramont-Arias, Llontop y Asociados. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de la Universidad de Lima, de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón – UNIFE, de la Pontifica Universidad Católica del Perú, de la Universidad de San Martín de Porres y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de la Corte de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Tema: Implicancias penales de la Norma XVI y de la norma sobre beneficiario final

OBJETIVO

La aprobación del Reglamento de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, por D.S. 145-2019-EF, obliga a los agentes económicos a estar informados y preparados para afrontar las fiscalizaciones de la SUNAT que busquen detectar operaciones consideradas elusivas. Aspectos como la vigencia de la cláusula antielusiva general, las operaciones comprendidas en la misma, el procedimiento de fiscalización con intervención de un Comité Revisor y las nuevas responsabilidades de los directores, serán evaluados en este Fórum. Asimismo, ante la inminencia del Reglamento sobre la obligación de informar al beneficiario final de las personas jurídicas y entes jurídicos, este nuevo régimen será analizado con una perspectiva práctica, evaluándose también sus aspectos penales.

LUGAR, FECHA Y HORA

Auditorio de EY
(Av. V. A. Belaúnde 171, San Isidro)

Miércoles 10 de julio de 2019
de 15:45 a 20:30 horas

PRESENTACIONES Y OTROS DOCUMENTOS

CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

By CONVERSATORIOS

Continuando con la actividad académica de nuestro Instituto, llevaremos a cabo el Segundo Conversatorio de esta gestión, exclusivamente para asociados del Instituto, que se realizará el miércoles 26 de junio de 2019, en la modalidad de DESAYUNO de 8:15 a 10:00 a.m., en el Auditorio de la firma EY sito en Av. Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro.

El Conversatorio estará a cargo del profesor español, doctor:

CÉSAR GARCÍA NOVOA
(Universidad de Santiago de Compostela)

Quien fuera recientemente designado como Asociado Honorario de nuestro Instituto, y que en esta ocasión se referirá a la:

CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
(Propuesta aprobada por los Institutos Miembros del ILADT)

En las XVI Jornadas celebradas en Santiago de Compostela, España, en septiembre de 2012, el ILADT designó una Comisión Especial para que, en su propio ámbito, elaborara un proyecto de Carta de los Derechos del Contribuyente. El texto definitivo de la citada Carta fue aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo del ILADT el día 4 de noviembre de 2018 y luego, también por unanimidad, en la Asamblea del ILADT de fecha 9 de noviembre de 2018.

En esta oportunidad, el doctor César García Novoa, quien ha tenido un papel destacado en la elaboración de la mencionada Carta, compartirá con nosotros los aspectos más importantes de la misma, la cual comprende 142 derechos. El detalle de la Carta se puede descargar en:

www.iladt.org/frontend/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT_aprobada_y_Presentacion.pdf

En el edificio de EY no contamos con estacionamientos. El Centro Empresarial, a pocos metros de la sede de realización del Conversatorio dispone de estacionamientos suficientes, corriendo el costo de éstos a cargo de cada asociado.

Los asociado del Instituto puede confirmar su asistencia al correo electrónico ipdt@ipdt.org. Las vacantes disponibles son LIMITADAS. Sólo podrán concurrir al conversatorio los asociados que hayan confirmado expresamente su asistencia y cuenten con un correo de confirmación que les será enviado por nuestra gerente administrativa.

PARÁMETROS DE FONDO Y FORMA PARA LA APLICACIÓN DE LA CAG

By CONVERSATORIOS

Continuando con la actividad académica de nuestro Instituto, llevaremos a cabo el Primer Conversatorio de esta gestión, exclusivamente para asociados del Instituto, que se realizará el lunes 10 de junio de 2019, en su horario tradicional de 7:00 a 9:00 p.m., en el Auditorio de la firma PwC sito en Av. Santo Toribio 143, San Isidro.

El Conversatorio estará a cargo de nuestro past presidente, el doctor:

FERNANDO ZUZUNAGA DEL PINO
(Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados)

Quien fuera Relator General de nuestras recientes Jornadas que trataron ampliamente este tema y que en esta ocasión se referirá a:

PARÁMETROS DE FONDO Y FORMA PARA LA APLICACIÓN DE LA CAG

Mediante el Decreto Legislativo N° 1121 se estableció la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario que contiene la Cláusula Antielusiva General (CAG), suspendida desde julio del 2014, mediante la Ley N° 30230, hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas establezca los parámetros y los elementos de fondo y forma que permitan su aplicación sin afectación a la seguridad jurídica.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1422 se aprobó el procedimiento garantista para la aplicación de la CAG y muy recientemente se ha publicado el Decreto Supremo N° 145-2019-EF que finalmente aprobó los parámetros de fondo y forma pendientes, con lo cual ha entrado en vigencia la CAG contenida en la norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.

En el Conversatorio se analizará, entre otros temas: (i) si el Decreto Supremo ha cumplido con las exigencias dispuestas por la Ley N° 30230 para aplicar la prueba de propiedad y la prueba de relevancia jurídico-económica; (ii) si el Decreto Supremo permite un eficiente procedimiento garantista; (iii) si la CAG puede ser aplicada respecto de operaciones realizadas en el año 2012 en adelante o únicamente respecto de aquellas realizadas a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo; y (iv) cómo deben interpretarse las disposiciones que afectan al Directorio y demás representantes legales de las empresas.

En el edificio de PwC no contamos con estacionamientos. El Centro Empresarial, a pocos metros de la sede de realización del Conversatorio dispone de estacionamientos suficientes, corriendo el costo de éstos a cargo de cada asociado.

Los asociado del Instituto puede confirmar su asistencia al correo electrónico ipdt@ipdt.org. Las vacantes disponibles son LIMITADAS. Sólo podrán concurrir al conversatorio los asociados que hayan confirmado expresamente su asistencia y cuenten con un correo de confirmación que les será enviado por nuestra gerente administrativa.

Almuerzo de camaradería IPDT 2019 – Bienvenida a 28 Nuevos Asociados

By EVENTOS, OTROS EVENTOS

Con la presencia de una importante cantidad de nuestros asociados celebramos, en un ALMUERZO DE CAMARADERÍA, la INCORPORACIÓN a nuestro Instituto de los VEINTIOCHO nuevos asociados aprobados por la Asamblea General Ordinaria de 26 de abril de 2019.

El almuerzo se llevó a cabo el día viernes 24 de mayo de 2019, a las 13:15 horas, en el salón principal del primer piso del Chifa Hou Wha (Carlos Tenaud 490, esquina con la cuadra 42 del Paseo de la República, Miraflores).

Los 28 nuevos asociados que se incorporaron a nuestro Instituto son:

  1. Karen Alegría San Miguel ( Gálvez, Risso, Zegarra & Asociados)
  2. Giorgio Luciano Balza Tassara Cánepa ( PricewaterhouseCoopers)
  3. Mary Carmen Briones Campos ( Ernst & Young Asesores)
  4. Claudia Carolina Castello Manky ( Deloitte & Touche)
  5. Cynthia Vanessa Conde López ( Ernst & Young Asesores)
  6. Josselyn Andrea Contreras Zanabria ( Ernst & Young Asesores)
  7. Cristhiam Jafet Curi Flores ( Ernst & Young Asesores)
  8. Alberto Martín Díaz Chávez ( Universidad La Salle de Arequipa)
  9. Faura Sileni Espinoza Ballardo ( Ernst & Young Asesores)
  10. Gary Roberto Falconí Sinche ( Tribunal Fiscal)
  11. María Alejandra Frías Arce ( CMS Grau)
  12. Jorge Efraín Gómez Delgado ( Ernst & Young Asesores)
  13. Renzo Grández Villareal ( Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados)
  14. Juan Eduardo Guerra Ríos ( Gálvez & Dolorier Abogados)
  15. Sally Gabriela Guillermo Mendoza ( Patrimonio Cultural Asesores y Consultores)
  16. Mari Trini Hernani Bolaños ( Gold Fields La Cima )
  17. Fernando Rafael Huacasi Valdivia ( Ernst & Young Asesores)
  18. Rossana Izaguirre Llampasi ( Tribunal Fiscal)
  19. Yasmín Chiara Manzur Gálvez ( SUNAT)
  20. Victoria Eugenia Peña Alarcón ( PricewaterhouseCoopers)
  21. Alicia del Milagro Ravelo Delgado ( PricewaterhouseCoopers)
  22. Jorge Luis Ríos Delgado ( Ernst & Young Asesores)
  23. Ángel Renán Rivero Moscoso ( Berninzon & Benavides Abogados)
  24. Vicente José Robles Ramírez ( Hernández & Cía. Abogados)
  25. Álvaro Santillán Gordillo ( PricewaterhouseCoopers)
  26. Karina Marcela Talledo de la Piedra ( Estudio Aurelio García Sayán Abogados)
  27. Raúl Gustavo Valencia Puma ( Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados)
  28. Luis Ángel Yanayaco Urrego ( Deloitte & Touche)

Elección del Vigésimo Noveno Consejo Directivo del Instituto

By NOVEDADES

La doctora Rossana Rodríguez Ruiz ha sido elegida Presidenta del Vigésimo Noveno Consejo Directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario, para el período mayo 2019 – abril 2021.

La elección se realizó el viernes 26 de abril de 2019, durante la Asamblea General Ordinaria que estuvo presidida por el doctor Julio A. FernándezCartagena.

El Vigésimo Noveno Consejo Directivo ha quedado integrado por los doctores Rossana Rodríguez Ruiz, como Presidenta; Mario MadauMartínez, como Vicepresidente; Roberto Cores Ferradas, como Secretario; Juan Carlos Zegarra Vílchez, como Tesorero; y, Tulio TartariniTamburini, Lourdes Chau Quispe, Renée Villagra Cayamana, Carlos Chirinos Sota y José Del Castillo Simón, como Vocales.

Elección del Vigésimo Noveno Consejo Directivo del Instituto

By EVENTOS, OTROS EVENTOS

La doctora Rossana Rodríguez Ruiz ha sido elegida Presidenta del Vigésimo Noveno Consejo Directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario, para el período mayo 2019 – abril 2021.

La elección se realizó el viernes 26 de abril de 2019, durante la Asamblea General Ordinaria que estuvo presidida por el doctor Julio A. FernándezCartagena.

El Vigésimo Noveno Consejo Directivo ha quedado integrado por los doctores Rossana Rodríguez Ruiz, como Presidenta; Mario MadauMartínez, como Vicepresidente; Roberto Cores Ferradas, como Secretario; Juan Carlos Zegarra Vílchez, como Tesorero; y, Tulio TartariniTamburini, Lourdes Chau Quispe, Renée Villagra Cayamana, Carlos Chirinos Sota y José Del Castillo Simón, como Vocales.

Resolución de las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Tributario: La Cláusula Antielusiva General en el Ordenamiento Peruano

By NOVEDADES, RESOLUCIÓN JORNADA

El Instituto Peruano de Derecho Tributario:

Con los votos de Julio A. Fernández Cartagena, como Presidente del Instituto Peruano de Derecho Tributario, de las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Tributario que versaron sobre “La Cláusula Antielusiva General en el Ordenamiento Peruano” y del Comité de Resolución II; Fernando Zuzunaga del Pino y Jacques Malherbe, como Relatores Generales de las XIV Jornadas; Orlando Sergio Marchesi Velásquez, como Secretario del Instituto Peruano de Derecho Tributario, de las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Tributario y del Comité de Resolución II; Luis Hernández Berenguel, como Presidente del Comité de Resolución I; y Tania Albarracín Cabrera, Juan Mario Alva Matteucci, Luis Alberto Araoz Villena, Gisela K. Arroyo Langschwager, Percy Enrique Bardales Castro, César Walther A. Belaúnde Plenge, David Enrique Bravo Sheen, María Milagros L. Bustillos Pinto, Jesús Eduardo Camarena Gutiérrez, Sandy Guadalupe Capillo Solis, Rosa Angélica Chevarría Sotelo, Liliana Patricia Ching Unjan, Carlos Enrique Chirinos Sota, Iván Chu Del Águila, Renzo Chumacero Quispe, Alex Miguel Córdova Arce, Dora Beatriz De la Vega Rengifo, Christian Roel Del Carpio Torres, José Javier Del Pozo Borda, Gonzalo Alonso Escalante Alpaca, Jesús Antonio Falla Cárdenas, Lorena Gálvez Santos, César Martín Gamba Valega, Llanet Gáslac Sánchez, Raúl Antonio Hidalgo Vargas Machuca, Adriana Kihara Nomura, Rolando Alberto León Tenicela, Jorge Alberto Liendo Tejada, Gustavo Enrique López-Ameri Cáceres, César Alfonso Luna-Victoria León, Javier Gregorio Luque Bustamante, Mario Angelo Madau Martínez, Andrea Fernanda Madueño di Laura, César Arturo Mendoza Melgar, Carlos Hugo Moreano Valdivia, Lorgio Nilton Moreno De la Cruz, Mariana Milagros Moreno Vera, Miguel Josefo Mur Valdivia, Indira Navarro Palacios, Luis Ocón Soto, Francisco M. Pantigoso Velloso da Silveira, Milagros Elisabeth Pastor Stumpf, Poul Diógenes Ponce Cotera, Rossana Angélica Rodríguez Ruiz, Mariapía Mercedes P. Sáenz Portugal, Rafael Serrano Enciso, Fabio Arturo Taboada Pérez, Alfonso Octavio Tapia Rojas, Tulio Elio Tartarini Tamburini, Patricia Arabela Valdez Ladrón de Guevara, Sergio Vega León Cabrera, Renée Antonieta Villagra Cayamana, Walker VillanuevaGutiérrez, Luciana Yañez Salgado y Juan Carlos Zegarra Vílchez; emitidos entre el 11 y el 22 de abril de 2019, se aprobó, por UNANIMIDAD, el Proyecto de Resolución elaborado por el Comité de Resolución II, con el siguiente texto:

RESOLUCIÓN

El Instituto Peruano de Derecho Tributario, al término de las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Tributario que versaron sobre La Cláusula Antielusiva General en el Ordenamiento Peruano, teniendo como base:

  1. La Relatoría General elaborada por Fernando Zuzunaga del Pino y Jacques Malherbe;
  2. Las Ponencias Individuales elaboradas por Mario Alva Matteucci, David Bravo Sheen, Jesús Camarena Gutiérrez, Carlos Chirinos Sota, Iván Chu del Águila, Renzo Chumacero Quispe, Christian Del Carpio Torres, José Del Pozo Borda, Luis Durán Rojo en coautoría con Paul Nina Nina, Gonzalo Escalante Alpaca, César Gamba Valega, Luis Hernández Berenguel, Felipe Iannacone Silva, Silvia León Pinedo, Jorge Liendo Tejada, Jorge Lizárraga Ibáñez, Fernando Loayza Jordán, César Luna Victoria León, Carlos Moreano Valdivia, Lorgio Moreno de la Cruz, Miguel Mur Valdivia, Francisco Pantigoso Velloso Da Silveira, Milagros Pastor Stumpf, Eduardo Pflücker De los Ríos, Fabio Taboada Pérez en coautoría con Octavio Salazar Mesías, Renée Villagra Cayamana y Walker Villanueva Gutiérrez;
  3. Las exposiciones producidas en las Sesiones Científicas realizadas los días 5 y 6 de diciembre de 2018;
  4. El Anteproyecto elaborado por el Comité de Resolución I; y,
  5. Los debates del Comité de Resolución II, constituido por Julio A. Fernández Cartagena, como Presidente; Fernando Zuzunaga del Pino, como Relator General; Luis Hernández Berenguel, como Presidente del Comité de Resolución I; Orlando Marchesi Velásquez, como Secretario; Rossana Rodríguez Ruiz, Alberto Araoz Villena, Miguel Mur Valdivia, Alex Córdova Arce, César Gamba Valega y Luis Ocón Soto, como integrantes, producidos durante la sesión celebrada el día miércoles 10 de abril de 2019.

ACORDÓ, POR UNANIMIDAD, FORMULAR LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:

  1. La elusión es un comportamiento consistente en evitar el presupuesto de hecho de la obligación tributaria, o en disminuir la carga tributaria, a través de un medio jurídicamente anómalo, sin violar directamente el mandato de la regla jurídica, pero sí los valores y principios del sistema tributario.
  2. La planificación fiscal legítima es una conducta permitida, esperada y hasta obligada según la cual todos podemos realizar nuestros negocios desde una perspectiva tributariamente eficiente, utilizando estructuras jurídicas que guarden coincidencia entre su forma y la causa que le es inherente.
  3. No es discutible la legitimidad de la planificación fiscal entendida como el uso de las libertades económicas y de la autonomía de la voluntad con fines tributarios, pues ella está arraigada en un Estado Constitucional de Derecho. Se afirma que la planificación fiscal termina donde empieza la elusión, por lo que el reto de la Cláusula Antielusiva General (CAG) consiste en no atentar contra la primera sin dejar de combatir la segunda.
  4. Nuestro ordenamiento jurídico tributario, integrante de la familia Romano Germánica, está basado en las leyes y reglamentos, por lo que no admite ni podría admitir cualquier concepto de “planeamiento fiscal agresivo” o similar de la OCDE.
  5. La sede dogmática de la cuestión de la simulación, del negocio indirecto, del acto impropio y del negocio fiduciario, reside en la causa. El elemento común que subyace en ellos es la disociación o discordancia entre la figura jurídica utilizada y la causa inherente a ella. En algunos casos esa discordancia es frontal como en la simulación absoluta o relativa en donde hay una ausencia de causa en el negocio que se dice realizar -ante la existencia de un acuerdo simulatorio- mientras que en otros, donde se desenvuelve la elusión, estamos ante una afectación de la causa que tuerce su esencia ya que la figura jurídica sí se adopta, pero persigue un fin distinto al de su causa (esencia), siendo que el acto es real, pero está afectado, pues el propósito de su ejecución es esquivar otro negocio que, siendo más apropiado para el fin perseguido, se evita estrictamente por cuestiones tributarias.
  6. Se debe descartar que la elusión comprenda actos en simulación absoluta y relativa, pues ellos tienen como característica esencial la falsedad, al implicar hechos que se ocultan o disfrazan aparentando una realidad que no es tal. Por tanto, en esos casos se ha producido un hecho imponible -que es disimulado y no evitado-, el mismo que pretende ser ocultado con un negocio que no existe (simulación absoluta) o con un negocio aparente o que cubre a otro (simulación relativa), tipos legales regulados en los artículos 190 y 191 de nuestro Código Civil. Para estos supuestos, el legislador ha otorgado facultades distintas a la CAG, establecidas en el primer y último párrafos de la Norma XVI.
  7. Los conceptos civiles que se aplican en una CAG están referidos al negocio impropio, negocio indirecto y vulneración de la causa, todos ellos negocios reales, en donde hay una afectación de la causa.
  8. El fraude de ley civil busca incumplir una norma imperativa (defraudada) obteniéndose el “resultado prohibido” mediante una figura jurídica amparada en otra norma (de cobertura); concepto que difiere del denominado fraude de ley tributario ya que éste forma parte de un derecho imperativo de segundo grado, lo que implica que, si no se realiza la conducta tipificada como hecho imponible, la obligación tributaria no se genera y, en consecuencia, no hay comportamiento prohibido burlado. Por ello, se requiere una norma antifraude que capture aquellos supuestos que se esquivaron.
  9. La CAG peruana establece que habrá elusión, si en forma concurrente se incumple el test de propiedad causalista y el de relevancia jurídica económica –o de elemento diferenciador–. El test de propiedad causalista implica evaluar si los actos involucrados revisten carácter “artificioso o impropio”, esto es las figuras jurídicas que vulneren la causa a través de un acto impropio, indirecto o con vulneración en la causa. El segundo test, es el juicio de relevancia de los efectos jurídicos económicos y persigue juzgar si de la utilización de los actos (“impropios o artificiosos”) no resultan efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro o la ventaja tributaria.
  10. La CAG combate figuras “evitadas” y no “ocultadas” siendo imprescindible la existencia de una norma habilitante que establezca qué se considera figura anómala o equivalente, situación ante la cual la Administración aplicará las consecuencias que hubiesen correspondido al acto usual o propio. Concluido que estemos ante una figura equivalente o anómala por no haberse aprobado los “tests”, se le aplicaría a dicha conducta, iguales consecuencias tributarias que las que corresponden a la figura usual o propia, quedando así gravada la figura equivalente o anómala. De esta manera ocurre una afectación del hecho imponible (y por tanto del derecho material), al quedar gravados tanto los hechos acontecidos en la realidad que responden exactamente a la hipótesis de incidencia, como aquellos hechos equivalentes que no han aprobado los aludidos “tests”, con lo cual para nosotros la CAG es una norma material y no procesal.
  11. La CAG pone de manifiesto el conflicto de los principios constitucionales que la fundamentan, que son el abuso del derecho (y su vinculación con el fraude), así como el deber de contribuir (como expresión de la equidad), frente a los principios de reserva de ley y de seguridad jurídica.
  12. El régimen sancionatorio vigente de infracciones vinculadas con la CAG no cumple con los principios de tipicidad, antijuricidad y proporcionalidad previstos en la Constitución, con el agravante de no permitir gradualidad alguna.
    La elusión determinada por aplicación de la CAG no constituye delito tributario.
  13. Las normas sustantivas de precios de transferencia constituyen normas de valoración y por tanto no califican como Cláusulas Antielusivas Específicas (CAEs). Las disposiciones del artículo 32 A de la LIR disponen que la aplicación de las normas de precios lleva a fijar “valores”.
  14. El legislador peruano ha reconocido expresamente que la CAG de la Norma XVI está formulada actualmente de manera imprecisa y genera inseguridad jurídica, por lo que a través del artículo 8 de la Ley Nº 30230 ha establecido que no puede aplicarse sino a partir de la entrada en vigencia del decreto supremo que establezca los parámetros de forma y de fondo que eliminen tal imprecisión y garanticen seguridad jurídica.

RECOMENDACIONES:

  1. El conflicto al que se refiere la Conclusión 11, no debe llevar a la inconstitucionalidad de la CAG, armonizándolo a través de cláusulas que tengan las siguientes características: (i) precisando, en la medida de lo posible la hipótesis que habilita la aplicación de la CAG; (ii) estableciendo que la carga de la prueba recae en la Administración Tributaria, tanto para determinar los casos de elusión como para atribuir responsabilidad solidaria a terceros en base a la aplicación de la CAG; y, (iii) adoptando un eficiente procedimiento garantista.
  2. La Administración debe tener la carga de probar que la operación llevada a cabo por el contribuyente no se ajusta a su causa, para lo cual deberá demostrar dicho desajuste (test de propiedad causalista) y, adicionalmente sustentar que no se produce un efecto diferenciador, distinto de la ventaja tributaria, entre lo ejecutado por el contribuyente y el negocio o acto considerado propio.
  3. El procedimiento garantista para una CAG debe ser uno que lleve a cabo un comité revisor ajeno a la Administración y que sea de corte contradictorio. Los puntos controvertidos deben ser: (a) si el contribuyente utilizó formas artificiosas o impropias (prueba de propiedad); y, (b) si tales formas sólo fueron escogidas con un propósito de ahorro o ventaja fiscales (prueba de relevancia económica). Tal procedimiento podría ser utilizado tanto para la CAG como para combatir la simulación.
    Además, deben implementarse medidas alternativas como la consulta vinculante previa para casos de la CAG y la implementación de una guía como la existente en Chile.
  4. El régimen sancionatorio de las infracciones vinculadas con la CAG debe cumplir los principios de tipicidad y antijuricidad y demás principios constitucionales. Para tipificar las referidas infracciones, se requiere que tanto la infracción como la sanción cumplan con los principios constitucionales de la materia, pues la ausencia de tipicidad trae como consecuencia que estemos ante una situación que no constituye infracción sancionable.
  5. La CAG peruana sólo deberá aplicarse respecto de actos, hechos o situaciones que se produzcan una vez que entre en vigencia el decreto supremo que, conforme a lo previsto en el Artículo 8 de la Ley Nº 30230, establezca los parámetros de fondo y de forma que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Norma XVI.
  6. Para determinar la compatibilidad de la CAG peruana con los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDIs) que no cuentan con CAG, hay que tomar en cuenta tanto la disposición nacional como las reglas del CDI, así como el objeto y el propósito de sus disposiciones. En los casos en que el CDI comprenda una CAG -de tipo PPT-, prima la aplicación de esta última.
  7. La CAG y las normas de precios de transferencia pueden interactuar de manera conjunta, de modo tal que, en primer lugar, deberá realizarse la aplicación de la CAG a fin de recalificar el acto, para luego, una vez recalificado, éste sea sometido a las normas de precios de transferencia.

Lima, 22 de abril de 2019.

Julio A. Fernández Cartagena
Presidente
Fernando Zuzunaga del Pino
Relator General
Jacques Malherbe
Relator General
Luis Hernández Berenguel
Presidente Comité de Resolución I
Orlando Marchesi Velásquez
Secretario

Notas:
(1) Los asociados inscritos en las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, fueron 163.
(2) Los asociados que votaron por la aprobación del Proyecto de Resolución fueron 60.
(3) Resolución se aprobó por UNANIMIDAD, con el 100% de los votos emitidos.


Descargar aquí la Resolución

CÓMPUTO DEL TÉRMINO INICIAL DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EXIGIR EL COBRO DE LA DEUDA TRIBUTARIA CONTENIDA EN RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN O DE MULTA DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1421

By CONVERSATORIOS

Continuando con la actividad de nuestro Instituto, llevaremos a cabo el décimo sexto y ÚLTIMO Conversatorio de esta gestión, exclusivamente para asociados del Instituto, que se realizará el martes 02 de abril de 2019, en su horario tradicional de 7:00 a 9:00 p.m., pero en LUGAR DIFERENTE al habitual, esta vez tendrá lugar en el Grand Salon I del Swissotel ubicado en Santo Toribio 173, Centro Empresarial Real, San Isidro.

El Conversatorio estará a cargo de nuestros asociados, doctores:

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

ENRIQUE PINTADO ESPINOZA
Intendente Nacional Jurídico Tributario (SUNAT)

Quienes se referirán al tema:

CÓMPUTO DEL TÉRMINO INICIAL DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EXIGIR EL COBRO DE LA DEUDA TRIBUTARIA CONTENIDA EN RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN O DE MULTA DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1421

La Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421, vigente desde el 14 de setiembre de 2018, estableció que el plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación o de multa, notificadas a partir del 28 de setiembre de 2012, dentro del plazo de prescripción, debía computarse a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones, conforme a lo dispuesto en el texto vigente del numeral 7) del artículo 44º del Código Tributario.

La indicada norma colisiona, sin embargo, con la jurisprudencia de observancia obligatoria contenida en la Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) Nº 09789-4-2017, que estableció el criterio según el cual, en el mencionado supuesto, el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria debía regirse por lo dispuesto en el artículo 44º del Código Tributario, según texto vigente antes de su modificación por el Decreto Legislativo Nº 1113, no resultando por tanto aplicable el numeral 7) del artículo 44º del mencionado Código. Es decir, según la jurisprudencia de observancia obligatoria, en este supuesto, la acción para determinar y la acción para cobrar tienen un plazo de prescripción cuyo inicio es común.

Los funcionarios de la SUNAT invitados al presente conversatorio explicarán los fundamentos de validez de lo dispuesto por la norma del Decreto Legislativo Nº 1421 glosada en los párrafos iniciales de la presente invitación.

Los asociado del Instituto puede confirmar su asistencia al correo electrónico ipdt@ipdt.org. Las vacantes disponibles son LIMITADAS. Sólo podrán concurrir al conversatorio los asociados que hayan confirmado expresamente su asistencia y cuenten con un correo de confirmación que les será enviado por nuestra gerente administrativa.

El Swissotel cuenta con estacionamientos suficientes, el costo de los estacionamientos corre por cuenta de cada asociado.

REVOCATORIA Y NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON CONTENIDO TRIBUTARIO

By CONVERSATORIOS

Continuando con la actividad de nuestro Instituto, llevaremos a cabo el décimo quinto Conversatorio de esta gestión, exclusivamente para asociados del Instituto, que se realizará el jueves 28 de febrero de 2019, en su horario tradicional de 7:00 a 9:00 p.m., en el Auditorio de la firma EY sito en Av. V.A. Belaúnde 171, San Isidro.

El Conversatorio estará a cargo de nuestra asociada, doctora:

SILVIA LEÓN PINEDO

Quien se referirá al tema:

REVOCATORIA Y NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON CONTENIDO TRIBUTARIO

Como sabemos, si un acto administrativo contiene un vicio flagrante de ilegitimidad, necesita ser declarado nulo para que deje de existir. En el ámbito tributario los vicios (los supuestos) de ilegitimidad que permiten declarar nulo un acto administrativo tributario se encuentran expresamente recogidos en el artículo 109° del Código Tributario.

De otro lado, en ejercicio de su facultad revisora, la Administración Pública puede dejar sin efecto el acto administrativo objeto de revisión, esto es, extinguirlo sin necesidad de expulsarlo del sistema jurídico porque no existen respecto de él supuestos de ilegitimidad. El Tribunal Fiscal cuando actúa del modo antes descrito utiliza la expresión “revocar el acto administrativo”.

Recientemente la sexta sala de lo contencioso administrativo con subespecialidad en temas tributarios se ha pronunciado sobre estas diferencias entre nulidad y revocación de un acto administrativo, en un sentido diferente al expresado en las Resoluciones del Tribunal Fiscal objeto de las demandas contencioso administrativas que motivaron dichos pronunciamientos. Por ello resulta relevante analizar y debatir a profundidad este trascendental tema. La importancia práctica del mismo radica en que, cuando un acto administrativo es declarado nulo, la Administración puede dictar un acto de reemplazo siempre que no hubiera operado la prescripción. Así mismo, en este conversatorio trataremos de definir si la revocación tiene el sentido que le atribuye la Ley del Procedimiento Administrativo General o mas bien le corresponde el del Código Procesal Civil.

Los asociado del Instituto puede confirmar su asistencia al correo electrónico ipdt@ipdt.org